La presencia de cultivos ilícitos y grupos armados ilegales en zonas rurales de Colombia, han generado múltiples problemáticas sociales, económicas, ambientales e institucionales, razón por la cual el Estado colombiano viene adelantando, desde la década de los ochenta, diversas estrategias para garantizar de manera sostenible las condiciones para la paz y la seguridad nacional en el marco de una cultura de la legalidad.
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