Por: REDACCIÓN LLANO 7 DÍAS
Cuatro años de labores y una tarea minuciosa de verificación e inteligencia se requirieron en Meta.
Foto: Grupo de Comunicaciones Consolidación Territorial
Francisco Javier Zarta, su esposa y su hija de 4 años no cabían de la dicha cuando recibieron el título de propiedad de 22 hectáreas de la finca La Pradera, en la vereda El Edén, en la vía que comunica a Uribe con La Julia.
Con el título, los Zarta por fin podrán acceder a créditos bancarios y asesoría técnica para ampliar el hato ganadero y tecnificar la producción de leche, con lo que habían soñado desde hace más de 20 años, cuando llegaron al Meta procedentes del Tolima.
"Estamos muy felices, porque podemos mejorar la finca y el negocio que tenemos con mi hermano. Habíamos pensado en sembrar, pero por aquí la comida se pierde por la falta de vías", dice Zarta.
Pero los Zarta no alcanzan a imaginar todo lo que tuvo que suceder para que ellos y otras 204 familias de Uribe y La Macarena recibieran los títulos de propiedad -desde 10 a 100 hectáreas- en el fin de semana del Incoder y de la Unidad Nacional de Consolidación Territorial, luego de un proceso de más de cuatro años en el que apoyaron la Gobernación del Meta, las alcaldías, la Fuerza Pública, Procuraduría, Cormacarena y hasta la Embajada de los Países Bajos.
El mayor reto era evitar a toda costa que la titulación beneficiara a despojadores o testaferros de las Farc.
Foto: Grupo de Comunicaciones Consolidación Territorial
Por eso el trabajo de campo y la caracterización de los predios requirió de un estudio de títulos personalizado con cada beneficiario, en medio del miedo que aún despierta la guerrilla.
Carlos Ávila, gerente territorial de la Unidad de Consolidación, dice que hubo cruce de información con inteligencia militar y trabajo investigativo con pobladores para garantizar que las tierras quedaran en manos de los colonos.
Con los Comités de Justicia Transicional analizaron las listas de víctimas, en particular de los desplazados, para blindar el proceso de una posible doble titulación, pues esas poblaciones están cobijadas por otros programas del Estado.
Foto: Grupo de Comunicaciones Consolidación Territorial
Y como los dos municipios están en el área de reserva y manejo especial de la Sierra de La Macarena, tuvieron que elaborar Planes de Ordenamiento Ambiental Veredal (POAV) con el fin de que las tierras tituladas no correspondieran al área protegida y que los nuevos propietarios asuman la responsabilidad de cuidar y no intervenir los terrenos de preservación.
En esta fase la Procuraduría Ambiental y Agraria resultó clave en el proceso y ahora tendrá la tarea, junto con Cormacarena, de vigilar que lo estipulado en las resoluciones de titulación se cumpla a la letra.
"Si en esas visitas se control se descubre que están interviniendo el área de preservación el título se puede resarcir y el predio regresa al Estado", advirtió la procuradora Marcela Patricia Rey.
Presiones
En agosto del 2012 inició el proceso de titulación de predios en la zona de La Julia, donde a través de militantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3), las Farc están presionando fuerte a los campesinos para que no crean en el programa.
De hecho, fuentes cercanas al plan informaron que la entrega de títulos en Uribe fue un golpe fuerte contra ese discurso del PC3 y le da credibilidad a la formalización de la propiedad. Así, a pesar de la intimidación, en La Julia ya hay 300 campesinos inscritos dispuestos a ser propietarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario